La corrupción es uno de los mayores daños que puede sufrir una democracia, porque erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones, debilita el Estado de Derecho y alimenta el descrédito de la política. Cuando quienes gestionan lo público se ven envueltos en causas judiciales, no solo se cuestiona a una persona, sino también la credibilidad de las administraciones y de quienes las representan.
En Orihuela, esta realidad ha marcado la vida política durante años. Varios exalcaldes del municipio han tenido que enfrentarse a procedimientos judiciales o sentarse en el banquillo por diferentes causas. Entre ellos figuran José Manuel Medina, Mónica Lorente, Emilio Bascuñana y José Vegara, todos vinculados en distintos momentos a procesos judiciales pendientes o celebrados por presuntas irregularidades.
La regeneración democrática exige ejemplaridad, transparencia y responsabilidad. Los ciudadanos merecen instituciones limpias, donde la confianza se construya con hechos y no quede empañada por la sombra permanente de los tribunales
