Orihuela Costa no tiene futuro para sus jóvenes.


La huelga educativa que vive la Comunidad Valenciana ya ha entrado en su tercera semana y las noticias de los últimos días reflejan un clima de enorme tensión en todo el sistema público. Profesores movilizados, familias apoyando las protestas, dimisiones de equipos directivos, amenazas de boicot a las pruebas para entrar en la universidad muestran que estamos ante una crisis profunda, no ante una protesta pasajera.

Pero mientras en muchas ciudades se habla de ratios, salarios o negociación sindical, en Orihuela Costa el problema es todavía más grave. Aquí la huelga ha servido para dejar al descubierto algo que los vecinos llevan años denunciando: la absoluta ausencia de infraestructuras culturales, educativas y juveniles en una zona donde viven decenas de miles de personas.

Las imágenes de estos últimos días son muy significativas. Familias y docentes concentrándose a las puertas de los colegios de la costa, como el CEIP Playas de Orihuela o Los Dolses, reclamando “una educación digna y de calidad”. No se trata solo de solidaridad con el profesorado. Se trata de una sensación creciente de abandono.

Porque los niños y jóvenes de Orihuela Costa viven una realidad distinta a la del resto del municipio.

Mientras en Orihuela ciudad existen teatro, conservatorio, actividades culturales, programación pública con más de 100 actos culturales al año y vida institucional estable, en la costa seguimos sin disponer de una biblioteca pública moderna, un centro cultural, un conservatorio, salas de estudio o espacios juveniles donde los adolescentes puedan desarrollarse.

Y eso no es un detalle menor.

La educación no termina cuando suena el timbre del colegio. Una sociedad moderna educa también a través de la cultura, la música, la lectura, el deporte y la convivencia comunitaria. Pero en Orihuela Costa, miles de jóvenes crecen en urbanizaciones dispersas donde prácticamente toda la oferta social depende del consumo privado.

Si una familia quiere acceso a cultura, normalmente tiene que desplazarse kilómetros. Si un joven quiere estudiar música, participar en actividades culturales o simplemente tener un espacio público donde reunirse y aprender, las opciones son mínimas o inexistentes.

La huelga educativa ha puesto en evidencia precisamente eso: la desigualdad territorial dentro del propio municipio.

Los sindicatos llevan semanas denunciando ratios elevadas, falta de recursos e infraestructuras insuficientes en toda la Comunidad Valenciana. Pero en Orihuela Costa la situación tiene un agravante político evidente: aquí partimos de décadas de abandono institucional.

Mientras el Ayuntamiento anuncia inversiones culturales y educativas en el casco urbano, la costa continúa funcionando como una periferia administrativa cuyo papel parece limitarse a recaudar impuestos.

Es difícil explicar a los vecinos de Orihuela Costa por qué una población que no deja de crecer sigue sin tener servicios básicos equivalentes a los de otros núcleos urbanos mucho más pequeños. Cada año llegan más residentes internacionales, más familias jóvenes y más niños escolarizados. Sin embargo, las infraestructuras públicas no crecen al mismo ritmo.

Y eso genera frustración.

No es casualidad que cada vez más personas cuestionen el modelo político actual del municipio. Cuando una parte del territorio siente durante años que no recibe inversiones proporcionales, que no tiene peso institucional y que sus necesidades siempre quedan relegadas, termina apareciendo un sentimiento de desconexión política.

La huelga educativa ha actuado como un espejo incómodo. Ha mostrado que en Orihuela Costa no solo faltan profesores o recursos escolares. Falta un proyecto de ciudad.

Porque una comunidad no puede construirse únicamente con urbanizaciones, centros comerciales y playas. Necesita espacios públicos, identidad cultural y oportunidades para sus jóvenes.

Y quizá la pregunta más importante ya no sea cuánto durará la huelga educativa.

La verdadera pregunta es cuánto tiempo más aceptarán los vecinos de Orihuela Costa seguir siendo ciudadanos de segunda dentro de su propio municipio.

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