La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a la concesionaria del agua en Pilar de la Horadada a pagar por el uso del dominio público debería hacer reflexionar al Ayuntamiento de Orihuela.
Si Pilar de la Horadada puede reclamar a su concesionaria cientos de miles de euros por utilizar el suelo y subsuelo municipal para explotar un servicio público, ¿por qué Orihuela no está haciendo lo mismo?
En Orihuela Costa vivimos una situación paradójica. Somos el principal motor económico del municipio. Generamos una parte muy importante de los ingresos municipales. Somos la zona de mayor crecimiento poblacional de toda la Vega Baja. Sin embargo, seguimos careciendo de muchas de las infraestructuras culturales, sociales y administrativas que sí existen en otros lugares con una población similar.
Ahora que Hidraqua ha pasado a denominarse Evolio, los vecinos tienen derecho a preguntar qué aportación extraordinaria realiza esta empresa a la comunidad más allá de la prestación del servicio contratado.
Si la legislación y los tribunales reconocen que las concesionarias pueden y deben pagar por el aprovechamiento del dominio público, el Ayuntamiento tiene la obligación de estudiar esta posibilidad y defender los intereses de todos los oriolanos.
Porque estamos hablando de cantidades que podrían transformar la vida cultural de Orihuela Costa.
Con 100.000, 200.000 o incluso más euros al año podrían organizarse conciertos, festivales, ciclos de cine, actividades infantiles, exposiciones, teatro y eventos para residentes durante todo el año.
Podríamos disponer de una programación cultural permanente que hoy simplemente no existe.
Y, sobre todo, podríamos garantizar la actividad de un verdadero Centro Cultural de Orihuela Costa.
Si algún día conseguimos que ese centro cultural sea una realidad, necesitará financiación para llenarlo de vida. Un edificio vacío no sirve para nada. Lo importante son las actividades que se desarrollan dentro.
Mientras tanto, seguimos observando cómo Orihuela Costa crece cada año en miles de habitantes sin recibir inversiones equivalentes en cultura, ocio y cohesión social.
La pregunta es sencilla:
Si los tribunales reconocen que estas tasas son legales y otros municipios ya las están cobrando, ¿va a defender el Ayuntamiento de Orihuela los intereses de Orihuela Costa o dejará pasar otra oportunidad?
Los vecinos merecen una respuesta.
